En el intrincado camino hacia el emprendimiento, donde día a día los empresarios sortean complejas vicisitudes como negociación de contratos con proveedores, incumplimientos contractuales, pagos atrasados, etc., resulta crucial una sólida protección legal, sobre todo cuando se trata de relaciones con proveedores de gran tamaño, en este sentido, es muy relevante recordar que, las micro y pequeñas empresas se destacan como actoras fundamentales en la economía nacional, constituyendo más del 70% de las empresas que la conforman.

La ley 20.416, también denominada Estatuto Pyme, establece normas especiales para empresas de menor tamaño, otorgando, según lo dictado en su artículo 9 numeral 1) respecto del ámbito de aplicación de la ley, tanto a las micro como a las pequeñas empresas, la condición de consumidoras frente a aquellas personas naturales o jurídicas que sean consideradas como proveedores a la luz del artículo 1º Nº 2 de la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. La norma citada, despierta la atención de aquellas empresas consumidoras que buscan una defensa integral en este ámbito específico, ya que otorga importantes herramientas legales a los empresarios de menor tamaño ante perjuicios que pudieran darse en el marco de sus relaciones con otras empresas o personas que tengan el ya señalado carácter de proveedores, devenidos de situaciones tales como incumplimientos contractuales totales o parciales, cláusulas abusivas, daño moral, lucro cesante, u otras responsabilidades en que pudieran incurrir los proveedores, como por ejemplo, por faltar al deber de profesionalidad que pesa sobre estos.

La relación entre las micro y pequeñas empresas y sus proveedores es crucial, por lo que, se requiere la asesoría de un aliado estratégico capaz de poder ponderar los límites que definen una sana relación comercial, o un eventual litigio. Esta conexión va más allá de lo meramente jurídico, abarcando desde la negociación en resolución de conflictos, hasta la asesoría en materia judicial por responsabilidad de los proveedores, la cual puede hacerse efectiva y ser reclamada ante el Juzgado de Policía Local respectivo en caso de que la empresa de menor tamaño vea lesionados sus derechos como consumidor, pudiendo exigirse tanto indemnizaciones de orden económico acorde a los perjuicios sufridos, como la imposición de multas de hasta 300 Unidades Tributarias Mensuales de acuerdo con lo señalado en el Art. 24 de la ley del consumidor, en caso de haberse cometido por parte del proveedor una o más infracciones previstas y sancionadas en la ley en comento.

En un escenario donde la protección de los derechos de las micro y pequeñas empresas es esencial, dados los abusos que muchas veces tienden a sufrir en sus relaciones con empresas de mayor tamaño, emerge la necesidad de tener aliados que comprendan las complejidades del mundo empresarial. Al proporcionar una asesoría integral basada en la comprensión de los derechos y obligaciones de los consumidores, MOS Abogados se convierte en un aliado esencial para aquellas micro y pequeñas empresas que buscan defender sus intereses en el complejo mundo de los negocios.