Se despacha al Senado proyecto de ley que busca limitar el uso de datos sobre deudas impagas contraídas entre el estallido social y la pandemia.

El proyecto de ley, también conocida popularmente como “Chao Dicom”, busca establecer que las empresas responsables de los registros de datos personales que trabajan con información de tipo económico, financiero, bancario o comercial, no puedan comunicar ni publicar en sus registros obligaciones impagas inferiores a dos millones quinientos mil pesos, contraídas entre el estallido social y la pandemia.

La iniciativa, aunque acotada, busca que las personas a las cuales se les hizo imposible mantener al día el pago de sus cuentas y que se hallen comprendidas entre el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de mayo de 2022 puedan ser eliminadas de las plataformas que entregan información financiera sensible y que se encuentran reguladas por la ley sobre protección de la vida privada.

La norma que se espera aprobar por el Senado, busca facilitar el acceso al crédito o la postulación de un puesto de trabajo de personas que mantienen deudas impagas y que cumplen con los criterios de tiempo y monto de dinero. Lo relevante, es que el tope de dos millones quinientos mil pesos excluye intereses, reajustes o cualquier otro cobro adicional.

En consecuencia, la empresa acreedora no solo estará obligada a abstenerse de publicar estos datos, sino que también no podrá comunicar que los titulares fueron beneficiados con esta norma.

Lo anterior también aplica para los distribuidores de información de carácter económico, financiero, bancario o comercial. Se considera distribuidores a las personas naturales o jurídicas que realizan directamente el tratamiento, comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas.

Dentro de lo novedoso, es que la misma norma establece las sanciones en caso de incumplimiento de lo dispuesto en ella y castiga la omisión o uso malicioso de la información de deudas con multas que irán desde las 1.000 hasta las 2.250 UTM.

La discusión en sala se basó principalmente en que la pandemia provocó o agudizó  las problemáticas económicas en los hogares del país, pero fue inevitable también abarcar los negativos efectos que significó el estallido social desde una perspectiva comercial.

En el país, las últimas cifras del INE muestran una tasa de desocupación que alcanza el 7,8% durante el trimestre móvil abril-junio del 2022, los parlamentarios que impulsan la ley han argumentado que entre las miles de personas cesantes, muchas figuran en el historial del Dicom, lo que suma a las razones de que no puedan encontrar trabajo.

En esa línea, parte de la Sala dijo que la norma otorga un respiro y permite que las familias puedan recuperarse. No obstante, igualmente se advirtió sobre una eventual precarización del crédito. Para muchos la iniciativa no es más que una “mala” política pública que podría generar falsas expectativas y afectar la moralidad de pago.

Para los detractores no dar a conocer esta información, permite a las personas sobre endeudarse. Dicha situación solo serviría a los bancos, expresaron desde otro punto de vista. Así, se consideró que no es la mejor ayuda que se puede brindar a las pymes.